Según advirtió Yáñez en la acusación realizada ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11, a través de la plataforma de Zoom, se encuentra viviendo una situación de "terrorismo psicológico" y "acoso telefónico". Seguido de ello, manifestó su deseo de instar la acción penal a pesar de que previamente lo había rechazado debido a amedrentamientos y solicitó que se dispongan medidas de protección que incluyan la prohibición de acercamiento. Asimismo, reclamó a la justicia un cambio de custodia ya que tenía asignada una "persona de confianza" del expresidente.

El juez Julián Ercolini se refirió a un "contacto amenazante" que configura, por ende, "un escenario de riesgo" para la ex primera dama. El magistrado ordenó urgentes medidas de “restricción y protección”.  Al solicitarlas, remarcó que "existe mérito suficiente para proceder al dictado de medidas cautelares urgentes que resguarden a la persona víctima de sucesos delictivos en contexto de violencia de género".

Si bien no se trata de un delito del fuero federal, Ercolini intervino en el marco de la Ley  26.485 de Protección Integral a las Mujeres, que dispone que -más allá de su competencia- el juez interviniente podrá disponer las medidas preventivas que estime pertinente. La causa, sin embargo, está caratulada como “N.N. s/ averiguación de delito”.

En diálogo con el canal La Nación Más, el abogado de Yáñez, Juan Pablo Fioribello, afirmó: "Ella me dijo que había recibido golpes físicos de parte del ex presidente, que no iba a aguantar más, que había estado muy angustiada con todo esto y que se contactó con el juzgado para denunciarlo penalmente".

"Enterado por los medios de comunicación de la denuncia de Fabiola Yáñez en mi contra, quiero expresar que la verdad de los hechos es otra. Sólo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora me imputa", afirmó Fernández en un breve comunicado publicado en redes sociales. El ex mandatario expresó: "Por la integridad de mis hijos, de mi persona, y también de la propia Fabiola, no voy a hacer declaraciones mediáticas, sino que aportaré ante la Justicia las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió".

Según la resolución judicial, Ercolini determinó:

- La prohibición de acercamiento a una distancia inferior a los quinientos metros de la denunciante, así como del domicilio de la denunciante en Madrid, España, “o en cualquier otro lugar en el que se encuentre la nombrada, desempeñe actividades laborales, educativas, recreativas o de asidua concurrencia y de contacto absoluto con aquella a través de cualquier vía”. Esta medida rige desde este 6 de agosto hasta que termine la tramitación de la causa o se disponga lo contrario.

Ercolini, además, requirió la “promesa” de Alberto Fernández de someterse al procedimiento y de “no obstaculizar la investigación conforme lo previsto”. /El Destape