Los testimonios se pueden encontrar en un informe publicado este miércoles por la oficina, con sede en Ginebra, sobre la ‘‘detención arbitraria, prolongada y en régimen de incomunicación’’ de palestinos por parte de las autoridades israelíes.
Según el informe, al menos 53 detenidos de Gaza y Cisjordania murieron bajo custodia israelí desde la masacre del 7 de octubre, en la que unos 3.000 terroristas irrumpieron en Israel por tierra, mar y aire, matando a unas 1.200 personas y tomando 253 rehenes, en su mayoría civiles, muchos de ellos en medio de horribles actos de brutalidad y agresiones sexuales.
Tras la embestida del grupo terrorista palestino al sur del Estado judío comenzó la guerra en el enclave costero.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó que ‘‘los testimonios recogidos por mi oficina y otras entidades indican una serie de actos atroces, como el ahogamiento simulado y el ataque con perros a los detenidos, entre otros actos, en flagrante violación del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario’’.
La misión israelí en Ginebra, por su parte, no hizo comentarios inmediatos sobre el informe.
Los observadores de la ONU advirtieron que los palestinos detenidos en las cárceles militares israelíes describieron palizas, descargas eléctricas, quemaduras de cigarrillos y largos periodos con los ojos vendados y privados de comida, agua y sueño.
Además, los especialistas en Derechos Humanos señalaron en el informe que los detenidos informaron de ‘‘instalaciones similares a jaulas’’, desnudez forzada y suspensión durante horas del techo con las manos atadas.
Hasta el momento, los testigos citados en el informe de la ONU no fueron identificados.
La oficina de la ONU también describió las experiencias de los rehenes secuestrados por Hamás y otros grupos armados palestinos, detallando las ‘‘terribles condiciones de cautiverio’’ en Gaza y los relatos de los rehenes israelíes sobre palizas y abusos sexuales.
Las autoridades israelíes aseguran que al menos 115 rehenes permanecen cautivos en la Franja, entre ellos unos 40 presuntamente muertos.
Türk pidió la liberación inmediata de los rehenes restantes y de los palestinos detenidos arbitrariamente por Israel.
El Alto Comisionado también instó a que se lleve a cabo una investigación independiente de las denuncias, para garantizar que los responsables de los abusos rinden cuentas y que las víctimas tienen derecho a una compensación.
Este lunes, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) detuvieron a nueve reservistas en una base militar en el marco de una investigación sobre ‘‘presuntos malos tratos sustanciales a un detenido’’.
Nati Rom, un abogado que representa a tres de los soldados, dijo que estaban siendo interrogados como sospechosos de abusos sexuales graves a un prisionero palestino y que negaban los cargos.
Las detenciones desataron numerosas protestas de manifestantes de derecha, que irrumpieron en la base de Sde Teiman, donde están recluidos muchos reclusos palestinos, y más tarde irrumpieron en otra base de Beit Lid, donde los nueve reservistas israelíes habían sido trasladados para ser interrogados.
Expertos en derecho internacional afirmaron que el informe de la ONU es un nuevo revés para Israel, que se ve cada vez más aislado en el transcurso de la guerra de Gaza.
En mayo, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Kahn, anunció que solicitaba órdenes de detención contra los dirigentes de Israel y Hamás. En la misma línea, la CPI dictaminó este mes que la ocupación israelí de Cisjordania y Jerusalem Oriental, así como sus asentamientos allí, violaban el derecho internacional.
El profesor de Derecho Internacional del Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales y de Desarrollo de Ginebra, Andrew Clapham, aseguró que ‘‘no se trata de un informe más, guardado en un cajón de Ginebra’’.
‘‘Debería hacer reflexionar a algunas personas en puestos de responsabilidad de mando’’, agregó Clapham, una de las principales autoridades en materia de derecho de la guerra.
Finalmente, el profesor concluyó que los malos tratos infligidos a los prisioneros constituirían graves infracciones de los Convenios de Ginebra, que imponen a todos los Estados la obligación de detener a los responsables.
