En ese sentido, Marijuan basó su postura en una afirmación de Cerruti, quien dijo públicamente que tenía información sobre esos hechos, pero no efectuó la denuncia correspondiente.

Asimismo, el fiscal instó al presidente Alberto Fernández y también a los gobernadores que proporcionen los informes de inteligencia que se pudieran haber labrado por los incidentes.

La denuncia había sido presentada por dos dirigentes de La Libertad Avanza: Nahuel Sotelo, legislador bonaerense, y el abogado Francisco Oneto, candidato a vicegobernador de Carolina Piparo en la provincia de Buenos Aires.

La portavoz del presidente Fernández, por su parte, había asegurado que hay cuentas de redes sociales ligadas a Javier Milei y Patricia Bullrich, los dos representantes de la oposición, que incentivaron los saqueos.

En declaraciones radiales, Cerruti aseveró: "El clima en las redes sociales lo fueron generando las cuentas ligadas a La Libertad Avanza y a grupos de (Patricia) Bullrich sobre algo que querían que sucediera".

Además, remarcó: "Estaba claro que esto era organizado y que se armaba algo cuando todavía no había sucedido nada".

La causa recayó en la jueza María Eugenia Capuchetti, quien está a cargo interinamente del Juzgado Federal número 9.