La condena coincide casi con lo que había pedido la Fiscalía, que fue una pena de 16 años y medio de cárcel y puede leerse como un mensaje fuerte a la sociedad contra la impunidad de un personaje tan poderoso, que se manejaba como señor feudal en su territorio. Además, la sentencia avala la importancia de la palabra de la víctima como prueba en casos de violencia sexual.
En el fallo el magistrado dio por probados los 9 hechos denunciados. Ramos Padilla encontró a Alperovich “autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual simple reiterado en tres oportunidades (hechos 1, 3 y 5 de la elevación a juicio), los últimos dos cometidos en grado de tentativa, y otros seis sucesos de violencia sexual agravados por haber sido con acceso carnal por vía vaginal, anal y oral, al haber introducido partes de su cuerpo, su pene por las tres vías y sus dedos en la primera de ellas (hechos 2, 4, 6, 7, 8 y 9), en todos los casos, mediando para su comisión intimidación, abuso de una relación de dependencia, de poder y de autoridad, todos estos en concurso real entre sí”.
En segundo lugar, el juez decretó la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos en el ámbito nacional, provincial y municipal, como había pedido la fiscalía.
En la sentencia, además, Ramos Padilla ordenó que se extraigan las declaraciones para investigar por falso testimonio a tres testigos presentados por la defensa. Se trata de Manuel Frías, que trabajó como mozo para Alperovih; Víctor Hugo Decataldo, empresario de transportes que también tuvo una relación sentimental con Sara, una de las hijas del ex mandatario, y David Cayatta, exchofer y custodio del dirigente.
También dispuso que se remita la filmación de los testimonios de las perito de parte, presentadas por la defensa, las psicólogas Liliana Sedler y Paula Sánchez Ayala, y copias de sus informes periciales presentados en el expediente al Ministerio de Salud de la Nación, “a los fines de que, por intermedio del órgano que corresponda, evalúen la conducta ética de las profesionales, de acuerdo con lo que surge de los considerandos respectivos”.
La sobrina presentó la denuncia en noviembre de 2019 tanto en los tribunales tucumanos como en la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM) en Buenos Aires: algunos hechos --enumeró-- habían ocurrido en el departamento de Puerto Madero propiedad de Alperovich, otros en la casa que usaba para sus reuniones políticas en Tucumán, en una mansión en las afueras de la capital provincial y hasta dentro del auto donde se trasladaban. Al momento de la denuncia tenía 29 años. Y en forma paralela difundió una carta donde contaba que los hechos habían ocurrido “desde diciembre del 2017 hasta mayo de 2019”.
Ahí llegó a describir a Alperovich como “un monstruo”. "No quería que me besara. Lo hacía igual. No quería que me manoseara. Lo hacía igual. No quería que me penetrara. Lo hacía igual. Inmovilizada y paralizada, mirando las habitaciones, esperando que todo termine, que el tiempo corra. Ya saldría de ahí y estaría en mi casa, ya habría más gente alrededor, ya el disimulo y el trabajo lo iban a alejar de mí", puntualizó.
La joven fue secretaria suya y le manejaba la agenda, en un principio para actividades proselitistas (por entonces Alperovich era senador) y luego en el marco de la campaña electoral por la gobernación, en la que terminó perdiendo estrepitosamente frente a Juan Manzur. Los comicios fueron en junio de 2019 y Alperovich salió cuarto.
Medio año después de su denuncia, volvió a difundir una carta pública, donde se lamentaba de las demoras en la investigación y los obstáculos que encontraba para que la causa avanzara: “No necesito que nadie me diga que José Alperovich cometió actos de abuso contra mi integridad física, sexual y psicológica para que sea cierto, yo sé que es cierto, lo viví, me pasó a mí. Elegí elevar mi caso a la Justicia, a pesar de lo difícil que es llevar a cabo una denuncia, por mi necesidad de poner las cosas en su lugar y de decirlas para liberarme de su carga”, escribió F. Cuatro años y medio después de presentar la denuncia, el juez Ramos Padilla le creyó.